Tal como os habíamos comentado en nuestra Nota Informativa del pasado día 20, ayer en la tarde ha tenido lugar la reunión de la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior, anunciada por la Administración durante la anterior cita del 18 de enero, y convocada con un único orden del día:

Retribuciones del personal laboral en el exterior.

En el encuentro, que ha sido breve, la Administración se ha limitado a informar acerca del estudio que desde el pasado mes de octubre ha venido desarrollando un grupo de trabajo tripartito, conformado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con objeto de encontrar una solución a la situación de congelación salarial en la que se ha mantenido injustamente a todo el personal laboral de la AGE en el exterior.

La portavoz de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ha sido la encargada de informarnos que el próximo día 28 la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) emitirá una resolución en la que se darán a conocer, por primera vez y en prácticamente diez años, las actualizaciones salariales del personal laboral del Servicio Exterior para el ejercicio 2019. Al mismo tiempo ha confirmado que los parámetros tenidos en cuenta durante el mencionado estudio han sido los siguientes:

Estudio país por país.

IPC de cada país y fluctuación de la divisa de situación.

Índices correspondientes al año 2018 únicamente.

Es importante añadir que durante la reunión la Administración ha mantenido una postura defensiva ante todas las preguntas que la parte social ha realizado sobre el mencionado estudio y las conclusiones de éste, así como en relación a las fuentes y metodología utilizada en el mismo. En este aspecto, se han limitado a repetir, una y otra vez, que han intentado cumplir con el mandato contenido en el artículo 32 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dentro de las actuales limitaciones presupuestarias y escenario de presupuestos prorrogados, y que, ante dichas circunstancias, no cabía la posibilidad de llevar esta materia a un proceso de negociación colectiva, como habíamos exigido desde la parte social al completo en todo momento. Por tanto, nos encontramos una vez más ante una decisión unilateral de la propia Administración, en la que se ha incurrido nuevamente en una clara vulneración del derecho a la negociación colectiva.

De ahí que tanto Comisiones Obreras, como el resto de las organizaciones sindicales presentes, hayamos manifestado nuestro profundo malestar e indignación por la manera torticera en la que se ha desarrollado dicho estudio, por la ausencia absoluta de transparencia que ha caracterizado este proceso, así como por la falta total de información previa a esta reunión, que ha tenido un carácter pseudoinformativo y muy limitado, considerando que no se ha dado traslado a la parte social del contenido del estudio, y ni tan siquiera se nos ha permitido contrastar datos, al no existir la posibilidad de aportar el informe económico sobre las pérdidas de poder adquisitivo experimentadas en nuestro ámbito y que fue elaborado por el gabinete técnico de CCOO.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde CCOO hemos manifestado abiertamente que un aumento como el anunciado - limitado a la referencia del IPC del año 2018, que en virtud de la poca información suministrada, en el mejor de los casos, no va a superar el 11,93% -, está muy lejos de remediar la brutal pérdida de poder adquisitivo que acumula nuestro colectivo, tras una década de injusta congelación salarial, que se suma al impacto económico adicional ocasionado por las derivas inflacionarias que afecta a todo nuestro ámbito.

En este apartado y a pesar de la reticencia de los representantes de Costes de Personal, nuestro sindicato pidió al presidente de la Comisión turno de palabra para que Paloma López, economista del gabinete técnico de la FSC-CCOO, explicara los resultados del estudio llevado a cabo por CCOO, así como la metodología utilizada en el mismo. Un informe con el que hemos querido dejar constancia de la evolución de la pérdida de poder adquisitivo del personal laboral en el exterior, desde la congelación salarial sufrida en 2010 hasta la actualidad, utilizando para ello el impacto combinado sobre el coste de vida de la inflación en cada país y el tipo de cambio entre la moneda nacional y la divisa de situación.

De ahí que, ante la postura inamovible de la Administración, que ha insistido en no valorar más allá de los parámetros de 2018, nuestra economista hizo una exposición global de la pérdida sufrida durante todo el periodo de congelación que, aún utilizando datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que suelen ser extremadamente conservadores, muestran una desviación media anual de más de dos dígitos en la mayoría de los países, con los casos especialmente sangrantes de Argentina y Uruguay que superan el 40% de media.

Por otra parte, la Administración ha rechazado todas las cuestiones planteadas desde la bancada social relativas a la enorme disparidad salarial que continúa existiendo entre unidades administrativas de un mismo país, o entre el personal de una misma categoría, y que es uno de los más graves problemas de las Relaciones de puestos de trabajo del Servicio Exterior, que sume a nuestro personal en un auténtico pozo de discriminación. Sobre este aspecto, al no querer entrar la Administración en este debate, desde CCOO hemos hecho hincapié en la necesidad absoluta de tratar esta problemática en una Comisión Técnica específica.

Conclusión:

Para CCOO, la Administración nos ha puesto una vez más ante hechos consumados, vulnerando el derecho a la negociación colectiva, toda vez que no facilita información previa antes del encuentro, no respeta el marco negociador e, incluso, en la propia Comisión, se niega a proporcionar los datos concretos de su estudio, remitiendo a las organizaciones sindicales a la Resolución que previsiblemente emitirá la CECIR el próximo 28 de febrero.

Por todo ello, no podemos sino considerar la reunión de ayer una mera burla de la negociación colectiva, producto de la necesidad que tiene la Administración de justificarse ante la demanda de conflicto colectivo presentada el 4 de abril de 2018 por CCOO.

No es casualidad que el pasado 20 de febrero, durante el acto de juicio por dicha demanda, el procedimiento haya tenido que ser aplazado al mes de mayo, ante la falta de aportación de la documental que nuestros abogados han requerido a la Administración, en un clarísimo intento de ésta para dilatar el proceso, ganando así el tiempo suficiente que les permita acudir al próximo acto de juicio con una Resolución bajo el brazo, que justifique la existencia de un "proceso negociador", buscando así herramientas para su defensa.

Y es que, en un contexto de incertidumbre política como el actual, con presupuestos prorrogados, con el mismo escenario de restricción presupuestaria de los últimos años, y justificándose ahora la Administración en un mandato de la Ley de Presupuestos Generales, que ha venido establecido de forma idéntica en todas las Leyes de ejercicios anteriores, se venga a producir ahora, en 2019, la actualización salarial de nuestro personal, coincidiendo con la tramitación en los tribunales de un conflicto colectivo para el que no tienen justificación alguna, y no se haya producido ningún tipo de subida durante 2016, 2017 y 2018, como sí se produjo respecto del resto de empleadas y empleados públicos de la AGE en España.

Sin ir más lejos, con esta actuación, la Administración no ha hecho sino demostrarnos que el mecanismo de actualización salarial del personal laboral en el exterior existe, y ha existido siempre, y que su no utilización durante todos estos años ha sido fruto de su desidia, de su desinterés y de su falta de respeto hacia nuestro colectivo, al que ha abandonado a su suerte durante una década.

Llegados aquí y a la vista de la situación actual, si bien valoramos como positivo haber conseguido romper la congelación salarial, subiéndonos nuevamente al tren de la actualización retributiva, CCOO está convencida de que aquí se ha producido una arbitrariedad absoluta respecto de nuestro colectivo, injustamente tratado durante años, lo que da aún más fuerza a la postura de nuestro sindicato y a los argumentos que esgrimimos en la demanda de conflicto colectivo, un proceso que, a todas luces, está intentando torpedear la Administración con esta Resolución de migajas, y que hoy, más que nunca, estamos convencidos de que conseguiremos demostrar ante los tribunales, el próximo mes de mayo, para que se haga justicia.

Tan pronto como dispongamos de la Resolución de la CECIR del próximo día 28, continuaremos informando en relación a las posibles actuaciones que podamos a emprender.

Madrid, 26 de febrero de 2019.